domingo, 26 de febrero de 2012

LA AUTORIDAD Y LOS PACTOS CIUDADANOS


AGUSTIN ANGARITA LEZAMA


La ley debe ser producto de la voluntad convenida del pueblo, decía Kant, queriendo expresar que la norma debía ser conocida, respetada y acatada por todos. Eso permitiría que la ley fuera legítima, combinando legalidad y legitimidad. Era la época en que las ciudades renacían y la democracia representativa, junto con el Estado, daba sus primeros pasos. Con el paso de los siglos, esta democracia entró en dificultades. Los representantes del pueblo fueron perdiendo su vinculación con las gentes, se fueron volviendo autónomos y sus decisiones eran independientes a los intereses populares.
Ante estas deficiencias de la democracia representativa, que terminó en burocratización del Estado, en  alejamiento de los representantes del gobierno con sus electores y gobernados y en un proceso acelerado y creciente de corrupción; empezaron a surgir propuestas alternativas pretendiendo superar estas dificultades. Una salida fue asumir manejos autoritarios para romper la paquidermia estatal. Que los gobernantes fueran autoritarios no era una novedad, los guiaba la tradición patriarcal que busca el control, la dominación, la subordinación, la apropiación, la obediencia, la competencia, el poder y el ejercicio ilimitado de la autoridad. Como desde los hogares se impartía el precepto cultural del patriarcado, el que mandaba era el varón, el macho, el papá, el hombre. Los hijos y la esposa a obedecer en silencio.
El camino autoritario que nació en la casa se añora en el poder. Muchos quieren gobernantes que se amarren los pantalones, que ejerzan autoridad, que si es del caso se quiten el cinturón e impongan orden y disciplina. Hemos pasado por gobernantes convencido que con tal de mantener el orden todo se vale, no importa si se miente, si se espía, si se desprestigia al contradictor, si se reparten de forma corrupta los dineros del Estado o se facilitan crímenes contra los opositores. El problema es que el autoritarismo no ha dado los resultados que tanto esperaban algunos.
Otro camino es fortalecer y profundizar la democracia. Gobernar de cara a la ciudadanía, consultar con ella, tener en cuenta sus opiniones y creencias. La idea de concertar las decisiones es vista con horror por los autoritarios. Consideran que se pierde la autoridad, que el poder es para mandar y que los demás obedezcan. La vía democrática permite la movilización social en torno a propósitos comunes. Busca establecer pactos entre los ciudadanos para recuperar tanto la confianza como la credibilidad. Estos acuerdos permiten compartir responsabilidades, determinar metas y procesos conjuntos de evaluación.
Llama la atención que la Alcaldía de Ibagué viene desarrollando un proceso de construcción colectiva de un Pacto social por la confianza y la seguridad ciudadana. Tomó la decisión de consultar con los ciudadanos, con la sociedad civil y con todas las autoridades para buscar consensos en la decisiones, intentando ganar en legitimidad y que la gente vuelva a creer en sus instituciones y autoridades. También pensó en construir un mecanismo de evaluación que permita tomarle el pulso a estas decisiones compartidas. Un observatorio que vigile el cumplimiento de los pactos por parte de los diversos actores sociales comprometidos. Un observatorio de la Seguridad Humana. La experiencia ya empezó y ha causado grata sorpresa en los convocados, acostumbrados a que las decisiones se tomen sin consultarlos ni tenerlos en cuenta. Crece la expectativa por un estilo diferente de gobernar.

1 comentario:

Anónimo dijo...

La claridad y sencillez de este escrito lo hacen muy útil para mirar con detenimiento hacia atrás y así de pronto aprender para seguir adelante. Te aporto algunos hechos que me ocasionan urticaria cuando los ciudadanos recibi-mos ofertas para pactos con las autoridades.
De los elementos sustanciadores del autoritarismo el más repetido y de manera recalcitrante en nuestro medio es aquel de la seguridad nacional, que ha llevado a otros países a crear el concepto de la «guerra preventiva» o a negarla incluso como conflicto armado interno como se hace aquí en Colombia, donde todo opositor pasa a identificarse como terrorista, incluso aquellos académicos que por naturaleza, deber y profesión tienen que ser críticos de los sistemas político-económicos propuestos para el desarrollo de la nación, entre otros; de la particular seguridad del mandatario y de su comitiva, que ha llevado a seleccionar previamente quienes son aquellos que deben asistir o participar en las oficiales consultas con los ciudadanos, e incluso quienes deben transitar con 24 horas anticipación a un kilómetro a la redonda de la sala destinada para el diálogo con el pueblo; de la seguridad privada que por oficio bloquea cualquier intento de entrevista con el alcalde… recién elegido, ahora sin tiempo para atender por fuera de la agenda manejada desde el directorio político correspondiente; de la seguridad jurídica ofrecida como aliento para cometer todo tipo de atropellos favorecedores de personas, grupos e instituciones por encima del sentido social de gobierno democrático. De estas aplicaciones, y de otras más del mismo corte…, se ha querido demostrar y se está creyendo, que la seguridad así vista es el componente esencial de la democracia, sin la cual no es viables nuestro país, nuestra región, nuestro barrio, nuestro cercano vecindario, nuestra familia.
Rodrigo.
Santa Rosa de Cabal, 28 de febrero de 2012