jueves, 24 de noviembre de 2011

¿POR QUÉ CAMBIAR LO CONSTITUIDO?



Derruir lo establecido en el ámbito Universitario general y específicamente en la Universidad del Tolima, es la tarea que se ha impuesto el proceso constituyente, aprobado en la asamblea general tri-estamentaria del 28 de septiembre y lo que ha organizado a través de su junta general constituyente. Determinación que genera inmediatamente una pregunta ¿está tan mal lo constituido, que debe ser transformado íntegramente? Para dar respuesta a este interrogante tenemos que leer la realidad universitaria después de 19 años del proceso privatizador implementado a través de la ley 30, el bloque normativo de leyes y decretos anexos aprobados entre 2002 y 2010 y en la actualidad el proyecto de ley 112 que culmina el proceso y desplaza la razón de ser de la universidad.
La universidad del Tolima al 2011 ha implementado los procesos de flexibilización laboral auspiciado por la globalización unipolar que orienta las reglamentaciones en materia educativa, dejando como resultado el 80% del profesorado en condiciones de precariedad laboral a través de la figura de la cátedra y un porcentaje similar de administrativos que son vinculados bajo la figura de surpenumerarios u orden de prestación de servicios. La financiación de la universidad en un 58% de recursos propios, que obedecen a las matriculas de presencial, educación a distancia, postgrados y ventas de servicios. Sí, así como suena, venta de servicios, es decir, proyectos de investigación o de extensión orientados a la gestión de recursos, sin mirar la pertinencia social y política o el tipo de empresa con la cual se realiza el convenio. Hay que recordar que la universidad del Tolima, estuvo ad portas de firmar un contrato con la multinacional Anglo Gold Ashanti, cuestionada en otras latitudes por sus prácticas de eliminación de la diferencia. En lo correspondiente a laboratorios, bibliografías y sitios de prácticas, la universidad igualmente tiene un déficit en todos los programas de estudio que impide pensarse una educación de excelencia. Por último, la investigación ha quedado resumida al cumplimiento de las disposiciones de COLCIENCIAS, sin ninguna capacidad de crítica que ha llevado a que dichos procesos no sean más que la reproducción regulativa del saber con la verdad.
Por otro lado,  las alarmantes denuncias de corrupción realizadas por la Veeduría Ciudadana a la alta administración (decanos, vicerrectores, director del IDEAD y al rector) han puesto en evidencia el desmedro administrativo que viene padeciendo el alma mater.
En términos generales, la universidad que tenemos, si aún se le puede llamar universidad, es fruto del proceso privatizador que sufre la educación pública en Colombia, al manejo clientelar de la dirección y de la incapacidad intelectual de unos directivos que han subyugado la academia a los procesos administrativos.
Ante esta profunda crisis que afecta la razón de ser, no queda más que iniciar un proceso que transforme la realidad educativa en aras de refundar la esencia que cimienta la universidad. En otras palabras, se necesita un proceso que asuma la deconstrucción  de un ethos universitario en perspectiva de la idea de lo público, que asuma en todas sus prácticas la esencia del carácter público, o sea un proceso liderado por un sujeto político llamado poder constituyente.

Boris Edgardo Moreno Rincón

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