Derruir lo establecido en el
ámbito Universitario general y específicamente en la Universidad del
Tolima, es la tarea que se ha impuesto el proceso constituyente, aprobado en la
asamblea general tri-estamentaria del 28 de septiembre y lo que ha organizado a
través de su junta general constituyente. Determinación que genera
inmediatamente una pregunta ¿está tan mal lo constituido, que debe ser
transformado íntegramente? Para dar respuesta a este interrogante tenemos que
leer la realidad universitaria después de 19 años del proceso privatizador
implementado a través de la ley 30, el bloque normativo de leyes y decretos
anexos aprobados entre 2002 y 2010 y en la actualidad el proyecto de ley 112
que culmina el proceso y desplaza la razón de ser de la universidad.
La universidad del Tolima al
2011 ha
implementado los procesos de flexibilización laboral auspiciado por la
globalización unipolar que orienta las reglamentaciones en materia educativa,
dejando como resultado el 80% del profesorado en condiciones de precariedad
laboral a través de la figura de la cátedra y un porcentaje similar de
administrativos que son vinculados bajo la figura de surpenumerarios u orden de
prestación de servicios. La financiación de la universidad en un 58% de
recursos propios, que obedecen a las matriculas de presencial, educación a
distancia, postgrados y ventas de servicios. Sí, así como suena, venta de
servicios, es decir, proyectos de investigación o de extensión orientados a la
gestión de recursos, sin mirar la pertinencia social y política o el tipo de
empresa con la cual se realiza el convenio. Hay que recordar que la universidad
del Tolima, estuvo ad portas de firmar un contrato con la multinacional Anglo
Gold Ashanti, cuestionada en otras latitudes por sus prácticas de eliminación
de la diferencia. En lo correspondiente a laboratorios, bibliografías y sitios
de prácticas, la universidad igualmente tiene un déficit en todos los programas
de estudio que impide pensarse una educación de excelencia. Por último, la
investigación ha quedado resumida al cumplimiento de las disposiciones de
COLCIENCIAS, sin ninguna capacidad de crítica que ha llevado a que dichos
procesos no sean más que la reproducción regulativa del saber con la verdad.
Por otro lado, las alarmantes denuncias de corrupción realizadas
por la Veeduría
Ciudadana a la alta administración (decanos, vicerrectores,
director del IDEAD y al rector) han puesto en evidencia el desmedro
administrativo que viene padeciendo el alma mater.
En términos generales, la
universidad que tenemos, si aún se le puede llamar universidad, es fruto del
proceso privatizador que sufre la educación pública en Colombia, al manejo
clientelar de la dirección y de la incapacidad intelectual de unos directivos
que han subyugado la academia a los procesos administrativos.
Ante esta profunda crisis
que afecta la razón de ser, no queda más que iniciar un proceso que transforme
la realidad educativa en aras de refundar la esencia que cimienta la
universidad. En otras palabras, se necesita un proceso que asuma la
deconstrucción de un ethos
universitario en perspectiva de la idea de lo público, que asuma en todas sus
prácticas la esencia del carácter público, o sea un proceso liderado por un
sujeto político llamado poder constituyente.
Boris Edgardo Moreno Rincón
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