sábado, 24 de julio de 2010

¿EL ESTADO PARA QUÉ?


AGUSTIN ANGARITA LEZAMA
El escándalo desatado por las pretensiones de Ingrid Betancourt de exigir una indemnización al Estado derivada de su largo secuestro, más allá de la rabia que generó en millones de colombianos, nos pone a pensar un asunto que requiere atención cuidadosa, los derechos de las víctimas. Creo que no es mayormente discutible, que una víctima tiene derecho a exigir reparación por el daño sufrido. Si el Estado que debe cuidar honra, vida y bienes de los ciudadanos, no funciona, entonces los ciudadanos quedan expuestos a todo tipo de anomalías y se transforman, todos los días y de forma acelerada, en víctimas.
Un informe reciente sobre Colombia presentado en Estados Unidos expresa que la impunidad en el país pasa del 95%. Quiere decir que la justicia no funciona, que el Estado no opera como tercero en discordia para solucionar pacíficamente conflictos. Por todos los lugares de la nación se escucha hablar de los nidos de corrupción y de sus consecuencias, pero los organismos creados por el Estado para vigilar y controlar descubren casos insignificantes, como para justificar su existencia, pero los grandes negociados, los que enriquecen ilícitamente a gobernantes, contratistas y funcionarios públicos, pasan de agache. Un Estado que no sirve para cuidar lo que tiene, que gasta de mala manera y que parece funcionar para beneficiar a los que lo roban y usufructúan. Un Estado que criminaliza a las víctimas y se niega a apoyar una ley que las proteja que el argumento falaz de no poseer recursos, mientras permite que se desangre el presupuesto en concesiones, desfalcos y peculados.
Más de cuatro millones de desplazados permiten constatar ineficiencia del Estado. Campesinos que no pueden vivir en sus parcelas, que deben correr despavoridos cargando hijos, familiares y unos pocos enseres para salvar sus vidas, amenazados por fuerzas oscuras que hoy, gracias a verdades procesales, sabemos que operaban bajo el amparo de las autoridades y armas del Estado. Para que le sirve a la gente un Estado que se amanguala con asesinos, narcotraficantes, politiqueros y mafiosos, para desterrarla, siendo, precisamente, ella quien más necesita del Estado.
Un Estado que ayuda a los poderosos y persigue a los menesterosos. Un Estado que deja morir en el olvido y la miseria a los hospitales públicos, que son a los que pueden acceder los pobres. Un Estado que la da la espalda a las universidades públicas impidiendo que los hijos de los humildes se cualifiquen. Un Estado que entrega a manos llenas y generosas las riquezas naturales al capital privado y extranjero. Un Estado donde los derechos humanos se violan todos los días pero que cacarea que los defiende. Un Estado que en vez de vigilar y encerrar a los delincuentes se dedica a espiar con su policía secreta a magistrados, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición, creo, entonces, que no está sirviendo para lo que la gente lo necesita ni para lo que ella espera de él.
Estoy convencido que Ingrid es una mujer privilegiada, que como niña caprichosa recibió todas las oportunidades y ventajas que el Estado le reserva a sus niñas mimadas. Ella se convirtió en víctima por conveniencia y terquedad. Pero esta no es la situación de la mayoría de la población colombiana víctima de un Estado que se olvidó de su función social y se puso al servicio de minorías, de la inversión extranjera y de los intereses multinacionales. Los colombianos, víctimas de este Estado, estamos en mora de exigir reparaciones e indemnizaciones o de cambiar la naturaleza de ese Estado.

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